Oswaldo Caldera Murillo, el director de la Policía de Seguridad Vial, ha anunciado la próxima entrada en funcionamiento del Centro de Sanciones Administrativas, popularmente conocido como «el torito», a partir del mes de marzo. Este centro estará destinado a que los conductores que sean sorprendidos en estado de embriaguez completa cumplan arrestos de hasta 36 horas.
Según lo confirmado por el funcionario, el congreso estatal ha aprobado un decreto que permite a los infractores conmutar su tiempo de arresto por multas que oscilan entre las 120 y 240 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a una cantidad entre 13 mil y 26 mil pesos.
Aunque aún falta la publicación del decreto de reforma a la ley de Transportes, Tránsito y Vialidad del estado en el Periódico Oficial del Estado, el director ha señalado que se espera la aprobación de un reglamento general en las próximas semanas.
Simultáneamente, se llevará a cabo una campaña informativa para que la sociedad se familiarice con las nuevas reglas, sanciones y el funcionamiento del centro de sanciones.
Según lo estipulado en el dictamen aprobado en la Legislatura desde el mes de diciembre, las autoridades también tendrán la facultad de retirar la licencia de conducir a los infractores por un periodo de uno a tres años.
El retraso en la apertura de «El Torito» se atribuye a la falta del marco normativo adecuado. La construcción de este centro concluyó en agosto de 2022, con un financiamiento de cerca de siete millones de pesos proporcionado por la Fundación AB InBev–Grupo Modelo.
La reforma establece que la principal causa de ingreso al Centro será el «estado de embriaguez completa y evidente de algún conductor, tanto de vehículos privados como de unidades del transporte público».
El artículo 125 de la ley de Transportes, Tránsito y Vialidad establece que «cuando el resultado de la prueba de alcoholemia muestre resultados de ingesta de alcohol superiores a 0.40 mg/L en aire espirado, o se compruebe el influjo de alguna droga, procederá el arresto».
Una vez detectada la falta, al infractor se le notifica que al día siguiente debe presentarse ante un oficial calificador, quien determinará la sanción con base en el nivel de alcohol registrado, teniendo derecho de réplica y acceso a un abogado defensor.
Será la Secretaría de Salud la encargada de calibrar los aparatos utilizados en el alcoholímetro con base en estándares federales.